El debate sobre la despenalización de la intervención en un suicidio ajeno está nuevamente en el Congreso. En un sistema democrático el Estado está para garantizar los derechos y las libertades, no para perseguirlas. Por eso el Derecho penal supone la mayor injerencia del Estado sobre los ciudadanos. El Estado “castiga” (el denominado ius puniendi) incluso con la privación de libertad a quien vulnera las normas jurídicas cuyos destinatarios somos todos. En un Estado de Derecho, sólo deben castigarse aquellas conductas más intolerables que lesionen gravemente al resto de los ciudadanos. El Derecho penal es (debe ser) el último instrumento al que la sociedad acuda para proteger determinados bienes jurídicos (la vida en el homicidio, por ejemplo). Cuando las normas jurídicas que regulan la convivencia las crean los propios ciudadanos, nadie duda de que el valor superior es la libertad… junto a la vida.

Pero la mayoría de Estados castigan las formas de “ayuda” al suicidio, pues se entiende que atentan contra el bien jurídico vida y son merecedoras de protección por el Estado. El actual Código Penal expresa en su artículo 143:

  1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
  2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
  3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
  4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

Por una iniciativa del Parlamento de Cataluña (tras la oportuna aprobación en el mismo) se insta a la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio, esto es, se pretende modificar el punto 4 del artículo que castiga esas conductas. Ello se lleva a cabo mediante una “proposición de ley”. Las proposiciones de ley (a diferencia de los proyectos de ley que son presentados por el Gobierno) pueden ser adoptadas –con determinadas condiciones- a iniciativa del Congreso, del Senado, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o por iniciativa popular. Tras el debate en el Pleno del Congreso pasa entonces al Senado que la tramita, allí puede ser aprobada o sufrir enmiendas. En este caso vuelve al Pleno del Congreso, que puede aceptarlas o rechazarlas. La duración puede estar alrededor de unos seis meses.

Pues bien, la proposición que se debate ahora en el Congreso de los Diputados pretende modificar dicho punto 4 del artículo 143 del Código Penal en el siguiente sentido:

  1. No obstante lo establecido por los apartados anteriores, está exento de responsabilidad penal el que, por petición expresa, libre e inequívoca de una persona que padezca una enfermedad grave que lo conducirá necesariamente a la muerte o una patología incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave y que se prevé que será permanente, cause con actos necesarios la muerte segura, pacífica y sin dolor de esta persona o coopere a ello, dentro del marco legal establecido.»

La finalidad de la reforma es que “se facilite una muerte digna y sin sufrimiento a la persona que, en situación de sufrimiento insoportable y en plena posesión de sus facultades para decidir, expresa su deseo de morir y solicita ayuda para ello.”

Todos compartimos que entre las funciones del Estado está la de proteger intensamente la vida humana, como valor máximo, junto a la libertad. Por eso está prohibido matar y se castiga con elevadas penas de prisión. Pero aquí el debate es diferente. ¿Es legítimo criminalizar conductas que son un ejercicio de libertad individual? La vida es un derecho que pertenece a cada uno de los ciudadanos. Quitarse la vida no es delito. ¿Debe el Estado perseguir y castigar esa conducta de acabar con la vida propia con ayuda de un tercero? ¿También, incluso, si esa decisión ha sido tomada y expresada de un modo libre, contundente y sin equívocos ante una enfermedad que provocará la muerte o una patología que provoque sufrimiento grave y permanente?

Ahí radica el debate, si consta que la voluntad de quien desea ser ayudado a morir dignamente ha sido tomada como ejercicio de libertad, de un modo inequívoco y expreso y esa muerte es causada o auxiliada por un tercero ¿debe imponerse y prevalecer la decisión del Estado Democrático (que también garantiza y protege la dignidad y el desarrollo de la personalidad y la libertad) sobre la del ciudadano titular de su derecho a la vida?

jorge-navarro

Jorge Navarro es profesor de litigación penal del Máster Universitario en Abogacía de la UPF Barcelona School of Management y abogado y socio de MOLINS & SILVA

Fuente: https://opiniondeldia.bsm.upf.edu/politica/eutanasia-libertad-individual-y-dignidad-versus-la-tutela-de-la-vida-por-el-estado/